Primer consenso en las Cortes: los políticos se suben el sueldo un 4,2% hasta los 98.000€
La subida de 3.144 euros a los miembros de la Mesa se hacía a escondidas aprovechando el período electoral en la reunión de la permanente del 3 de febrero presidida por Luis Fuentes, con el apoyo de PP, PSOE y Cs
La
Mesa de las Cortes para esta nueva legislatura se ha puesto ya en marcha con la toma de sus primeras decisiones. Entre ellas, la que se refiere a su sueldo, que para el año 2022 será de cerca de
98.000 euros tras una subida del 4,2% sobre el neto de 2021. Sin embargo, la decisión adoptada ayer no es sino la ratificación de lo que ocurría el pasado 3 de febrero, cuando la permanente del la Mesa del Parlamento autonómico, aprovechando el revuelo provocado por unas elecciones que se celebrarían apenas diez días después, acordaba esa subida del 4,2% en los sueldos de los miembros de la Mesa y los portavoces de los grupos.
Un incremento de 3.144 euros aplicado a escondidas, en un momento en el que el IPC se encuentra desbocado, los combustibles a precios desorbitados y con el precio de la luz en constante crecida.
Cuando esta subida de salarios se ratificó el nuevo presidente de las Cortes,
Carlos Pollán, era el único que no estuvo en esa reunión de la permanente, y por tanto no estaba al tanto.
Sí lo estaban los miembros del PP y del PSOE, que se mostraron de acuerdo, a pesar de que los ‘populares, junto con Ciudadanos, se opusieron en el Congreso de los Diputados al aumento del Salario Mínimo Interprofesional. Un incremento importante, además, que llega después de que durante la pandemia los procuradores alardearan de haber congelado sus sueldos para ahora adoptar esta importante subida.
No en vano, los seis procuradores que ahora mismo componen este órgano se embolsan al año 76.355 euros solo en concepto de sueldo. Aparte, también perciben 1.800 euros mensuales en concepto de dietas y de transporte, que al año suponen unos nada despreciables 21.600 euros. En definitiva, y sumando ambos conceptos, la cuenta deja 97.955 en los bolsillos de los parlamentarios de Castilla y León con la fortuna de ocupar la jefatura de la Cámara.
Es un aliciente más que suficiente para que
Carlos Pollán (Vox), Francisco Vázquez (PP), Ana Sánchez (PSOE), Diego Moreno (PSOE), Rosa María Esteban (PP) y Fátima Pinacho (Vox) quieran ocupar sus sillones actuales y que le cuestan a las Cortes y por tanto a todos los castellanos y leoneses, casi 600.000 euros anuales, o 1.100.000 si se cuentan los montos a percibir por Raúl de la Hoz, Luis Tudanca, Carlos Menéndez (previsiblemente), Luis Mariano Santos y Ángel Ceña, que comparten la portavocía de su grupo; y Francisco Igea, que la ostentará en el grupo mixto.
De hecho, esos
98.000 euros anuales también les corresponden a las portavocías adjuntas que tiene cada grupo parlamentario, y que a razón de más de diez durante la pasada legislatura, elevan las cifras de gasto en sueldos a la categoría de estratosféricas.
El cargo de procurador autonómico en Castilla y León nunca ha estado mal pagado o, al menos, en comparación con la media de los salarios que se ingresan en la Comunidad. Sin embargo, esa subida a escondidas de hace apenas un mes y medio da a entender que quienes lo cobran consideran que no es tanto como debería.
Ni siquiera se ha producido acorde con el incremento del 2% que todos los funcionarios de Castilla y León han visto reflejado en sus nóminas, miembros de la Junta incluidos, tal y como se aprobó recientemente. El propio presidente del ejecutivo regional y ahora en funciones,
Alfonso Fernández Mañueco, cobra 76.355 euros que siguen siendo bastante inferiores a lo que percibe el presidente de las Cortes.
La
reunión de la permanente del pasado 3 de febrero fue testigo de algo poco habitual en la política de Castilla y León. Casi como un evento aislado, todos los grupos estuvieron de acuerdo en este incremento salarial. Populares, Socialistas y Ciudadanos no mostraron oposición a aumentar sus ingresos, como tampoco lo hicieron ayer cuando acordaron no subirse el sueldo.
Es cierto que en esta primera reunión de la Mesa de las Cortes no se habló de una nueva subida, algo evidente por otra parte cuando la última era aún muy reciente, pero tampoco se determinó que se pudiera hacer un ajuste a la baja para, por ejemplo, equiparar el incremento con ese 2% aplicado a los funcionarios.
Pero lo llamativo es precisamente eso,
esa unanimidad pocas veces vista y que ni siquiera se ha podido ver en el Parlamento castellano y leonés a la hora de aprobar leyes de suma importancia para los ciudadanos, presupuestos incluidos, o para la constitución de comisiones de investigación.
Y la aparente sintonía mostrada por los grupos parlamentarios en lo referente a sus sueldos va aún más allá, pues tras esta primera reunión no parece que hayan surgido las discrepancias omnipresentes entre los partidos de izquierda y los de derecha, especialmente con Vox. Por el contrario,
todo han sido buenas palabras, hasta donde ha trascendido, motivadas por la tranquilidad de contar con un salario de algo más de 8.160 euros mensuales.
Dietas sin consumir
La cuestión retributiva de los altos cargos de las Cortes de Castilla y León tiene incluso más trasfondo. Es innegable que una parte fundamental del abultado sueldo viene aportada por las dietas mensuales, con 1.800 euros destinados a sufragar los gastos y el transporte. Una cantidad que puntualmente entra en las cuentas bancarias de los agraciados y que ni siquiera exige que se justifiquen o no.
Dicho de otro modo, cualquier miembro de la Mesa o cualquier portavoz puede reservarse esos 1.800 euros que en ningún momentos se pide que justifique para lo que desee y sin tener que devolverlos en el caso de que no los haya consumido.
Una circunstancia que va aún más allá, pues son ya varias las ocasiones en las que se ha podido ver como algunos de los beneficiarios de estos importes han utilizado el coche oficial que tienen asignado para desplazamientos más allá de los requeridos por su cargo, a pesar de recibir solo para sus gastos una cantidad que prácticamente duplica los salarios más bajos que perciben los ciudadanos.
Lo que a todas luces resulta evidente es que los procuradores de Castilla y León, si pueden tener alguna queja, no tendrá que ver con su salario. Menos aún aquellos que ostentan algún cargo dentro de las Cortes, una responsabilidad que se ve bien recompensada con esos 98.000 euros anuales.
Además, cabe recordar que el trabajo de procurador no es de 40 horas semanales. En mucho casos, sus funciones se limitan a hacer acto de presencia en un pleno que se celebra cada dos semanas y a participar en alguna comisión que se reúne puntualmente. En las Cortes de Castilla y León no hay que fichar, y de ahí nacen muchas de las críticas con las que los ciudadanos muestran su desapego a esta institución.
Ni siquiera el equipo de presidente y consejeros de la Junta supone un desembolso tan grande como el de los parlamentarios y sus equipos. Porque no se puede pasar por alto que todas estar personas con sus respectivos sueldazos tienen detrás asesores en lo que se apoyan y que les dicen como actuar. Todo por cuenta del ciudadano, evidentemente.
En esta nueva legislatura, será el leonés Carlos Pollán el que ocupe la presidencia de la Cámara, y sobre sus hombros recae la responsabilidad de que las Cortes autonómicas vuelvan a convertirse en la institución respetable que se pretende que sea. Tiene trabajo por delante, más aún cuando Vox, el partido al que pertenece, ha reiterado en numerosas ocasiones su objetivo de acabar con chiringuitos y gastos superfluos. Una oportunidad idónea para Pollán de demostrar que el Parlamento de Castilla y León puede ser mejor, pero con un primer paso cuestionable después de esa decisión de mantener unos sueldos incrementados por su predecesor en un ejercicio de oscurantismo aprovechándose de las circunstancias.
La subida de 3.144 euros a los miembros de la Mesa se hacía a escondidas aprovechando el período electoral en la reunión de la permanente del 3 de febrero presidida por Luis Fuentes, con el apoyo de PP, PSOE y Cs
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Lo primero es subirse el sueldo.
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