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Sanidad admite por primera vez que obligó a llevar mascarilla en pandemia sin aval técnico
Sanidad reconoce que impuso el uso de mascarillas sin informes técnicos. Es la primera vez que lo admite por escrito y lo hace después de que la Audiencia Nacional le requiriera aportar la documentación que solicitó Liberum hace año y medio a través de una querella. La asociación pidió al departamento que ahora lidera Mónica García los informes elaborados por la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud que avalaron la decisión de mantener el tapabocas en el transportes público hasta febrero del año pasado.
Las peticiones de Liberum han fructificado cuatro años después de que comenzara la pandemia y tras tres intentos fallidos. La Dirección General de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, da por contestada la solicitud de complemento requerida por la Audiencia Nacional, ya que la asociación consideró que no había recibido toda la documentación que solicitó en noviembre de 2022.
Liberum demandó los informes de los expertos de la Ponencia de Alertas, las actas de las reuniones y la relación de personas que formaban parte del comité de expertos que obligó a llevar las mascarillas. En un documento fechado el 13 de febrero al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Sanidad afirma que dichos especialistas no realizaban informes ya que su labor es «obtener el consenso técnico de todos sus miembros que queda plasmado en documentos de trabajo para su posterior elevación a la Comisión de Salud Pública (CPS) o al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (CISNS)».
Sin informes de las mascarillas
«Por lo tanto, no existen dichos informes», insiste el escrito. La presidente de Liberum, Nandi Cuevas, considera que esa respuesta confirma el escenario que llevan años denunciando. No obstante, lamenta que la contestación no aporte toda la información requerida, ya que siguen sin conocerse las actas de las reuniones y la identidad de los expertos.Nandi sostiene que «resulta especialmente grave, ya que al no existir informes, la responsabilidad de esas decisiones debería corresponder a esos especialistas». La asociación sostiene que Sanidad impuso la mascarilla sin ningún rigor científico ni informes que avalen dicha medida, aunque esta ya desapareció porque el tapabocas dejó de ser obligatorio en el transporte público hace un año y tampoco es necesario en los centros sanitarios desde el pasado julio.
El escrito también aborda la petición de informes y actas de las reuniones a los que se refirió Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La respuesta remitida por Sanidad a la Audiencia Nacional subraya que dicho informe «no integra el expediente administrativo».
«La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta no elabora informes ni emite actas tras sus reuniones. Su función es elaborar documentos de trabajo o técnicos consensuados por sus miembros», insiste el texto que firman Simón y el recientemente nombrado director general de Salud Pública, Pedro Gullón. La respuesta reprocha a Liberum que ya quedó acreditado judicialmente que Simón firmó esos documentos, pero eso «no obsta a que se oculten dichos datos relevantes para este procedimiento».
La identidad de los expertos
El escrito de alegaciones también descarta revelar la identidad de los expertos que conforman la Ponencia de Alertas y de los miembros de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial. El informe reconoce que las ponencias técnicas tienen «una composición institucional con representatividad proporcional idéntica a la que tiene la CSP» e insiste en que los miembros de las ponencias técnicas son nombrados por los gobiernos regionales y los ministerios participantes, por lo que «tienen rangos variables».«En este contexto, este centro directivo considera que son las propias comunidades autónomas las titulares de la información solicitada», insiste el texto. No obstante, reconoce que la CSP está integrada por un representante de la Administración General del Estado, del ministerio competente en materia de salud pública y el responsable de esta categoría en cada región. Además, forman parte de ella con voz, pero sin voto, los representantes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Salud Carlos III.
Liberum recibió la respuesta el lunes, un día antes de que la Guardia Civil detuviera a 20 personas por cobrar supuestas comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia. Se les acusa de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Cuatro de los arrestados pasaron este jueves por la Audiencia Nacional, pero el juez los dejó en libertad, a la mayoría con medidas cautelares. La Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión al considerar que no existe riesgo de fuga, de alteración de pruebas ni de reiteración delictiva.
«El caso Koldo evidencia lo que llevamos mucho tiempo denunciando. Hubo una imposición política que respondía a intereses concretos. Por fin se ha descubierto la gran mentira de las mascarillas: sirvió para llenar los bolsillos de algunos. Hubo una mafia», lamenta Nandi Cuevas, presidenta de Liberum.
El uso del tapabocas en el transporte público dejó de ser obligatorio el 7 de febrero del año pasado, un día antes de que venciera el plazo otorgado por la Audiencia Nacional para que Sanidad remitiera la documentación requerida por Liberum. La asociación reclamaba los informes elaborados por los expertos para mantener el uso de la mascarilla, una excepción en Europa que, además, incumplía el protocolo de actuación frente a la covid aprobado por el Gobierno, en vigor desde el 3 de junio de 2022.
Sanidad admite por primera vez que obligó a llevar mascarilla en pandemia sin aval técnico
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La evidencia muestra que ya se ha implementado un sistema de identificación biológica-NPT Media TV
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El PCCh exige destruir datos sobre COVID-19 en todo el país, según fuente
Tras las extremas medidas de contención aplicadas durante el brote de COVID-19, Beijing ha optado por permanecer indiferente ante la intensa pandemia. Recientes revelaciones de una fuente con conocimiento del tema sugieren que el régimen ha ordenado la destrucción en todo el país de todos los datos del COVID-19 dentro del sistema sanitario.Recientemente, el Sr. Chen (seudónimo) de Changsha, Hunan, reveló a la edición china de The Epoch Times que su amigo ocupa un cargo directivo en un hospital local. “Me lo dijo directamente: el gobierno está dando instrucciones a los departamentos de salud de todo el país para que destruyan todos los datos relacionados con el COVID-19, incluida la información sobre todo el proceso de prevención de la epidemia y los registros de vacunación. Deben borrar todos los datos sin dejar rastro, y los registros informáticos deben eliminarse por completo”, afirmó el Sr. Chen.
“Hizo hincapié en que esta directiva es de ámbito nacional e incuestionable”, afirmó el Sr. Chen.
El Sr. Chen detalló que la exigencia del PCCh implica que “no se puede conservar ningún dato, ni en papel ni en computadora. Los registros de la administración de vacunas deben ser borrados, así como los registros de las pruebas de ácido nucleico y cualquier incidente embarazoso ocurrido durante todo el proceso de prevención de la epidemia”.
Según el Sr. Chen, las autoridades pretenden borrar este periodo de la historia, con la intención de evitar que las generaciones futuras conozcan estos sucesos, ya que significan un fracaso del gobierno. Hizo una comparación con las acciones de Mao Zedong que provocaron la muerte de muchos chinos, acciones que se omitieron intencionadamente de los registros históricos.
Tras el inicio del brote de COVID-19 a principios de 2020, el Partido Comunista Chino (PCCh) adoptó un enfoque de “cero COVID”, aplicando medidas extremas de control de la pandemia. Sin embargo, estas medidas dieron lugar a frecuentes catástrofes secundarias, alimentando el descontento y la ira de la población.
En la segunda mitad de 2022, el “Movimiento de la Hoja en Blanco” se extendió por todo el país, con protestas callejeras en varios lugares. Antes del 20º Congreso Nacional del PCCh, aparecieron pancartas en el puente Sitong de Beijing, exigiendo el fin de la política de cero COVID y pidiendo la dimisión del líder chino Xi Jinping.
A finales de 2022, el PCCh levantó inesperadamente las restricciones de confinamiento, lo que puso de manifiesto la gravedad de la pandemia. Inmediatamente, tanto las personas infectadas como los cadáveres inundaron los hospitales de todo el país.
La pandemia sigue creciendo
Según el Sr. Chen, el COVID-19 y numerosos casos de neumonía y pulmón blanco siguen aumentando en la nación. “Actualmente, los hospitales están llenos de muchos ancianos y niños, y el negocio hospitalario sigue siendo próspero. La situación es especialmente tensa en los hospitales bien equipados, donde los ciudadanos comunes no suelen ser admitidos”.El pasado mes de febrero, en una tienda local, presenció cómo un hombre de unos 30 años se desplomaba mientras compraba bocadillos con su esposa y su hijo. Contó que los paramédicos no pudieron salvar al hombre, pero retiraron el cadáver del lugar.
Según el Sr. Chen, existe la creencia generalizada entre el público de que estos resultados están relacionados con las vacunas.
“Después de la vacunación, muchos de nosotros nos sentimos mal físicamente durante aproximadamente una semana, experimentando un malestar considerable. Algunas personas que buscaron atención médica descubrieron posteriormente nódulos en sus pulmones. Es una situación común en personas que estaban sanas antes de la vacunación. Sin embargo, la mayoría de la gente se abstiene de hablar abiertamente de estos problemas porque no tiene pruebas concretas para atribuirlos a la vacuna”, dijo.
Es consciente de que algunos médicos mantienen posturas ambiguas, mientras que otros pueden afirmar que no existe cura.
Afirmó que ha oído discusiones entre personas de su entorno, en las que se especula con la posibilidad de una mortalidad generalizada entre los vacunados diez años después.
“La pandemia de COVID-19 y su vacuna ya han provocado un número considerable de muertes entre las personas mayores. Si se producen otras muertes a gran escala dentro de diez años, el gobierno las atribuirá a otras causas y no a la vacuna contra el COVID-19”, dijo.
El Sr. Chen compartió que un amigo que trabaja en el sistema sanitario expresó sus dudas sobre la legitimidad de la rápida producción de vacunas contra el COVID-19 por parte de China.
“Una vacuna madura y exitosa no puede desarrollarse tan rápidamente. Personalmente creo que las vacunas que hemos recibido son falsas y vienen con efectos adversos”, dijo su amigo, según el Sr. Chen.
No se puede mencionar el COVID-19
Wang Dong (seudónimo), de Lu’an, provincia de Anhui, declaró a The Epoch Times que hay muchas personas infectadas por el virus, tanto adultos como niños. “Los hospitales llevan años saturados desde 2020”, afirmó.Las muertes se han producido con frecuencia. “Recientemente, se han producido numerosas muertes, principalmente entre personas con problemas de salud subyacentes, mayormente de ancianos. Sin embargo, también ha habido casos de personas más jóvenes”, afirma Wang.
El Sr. Liu, de Hefei, provincia de Anhui, confirmó a The Epoch Times que hay filas para recibir tratamiento médico debido a infecciones víricas, en el Año Nuevo chino los tiempos de espera fueron de una a dos horas. Señaló una mayor incidencia de la infección entre los niños y los ancianos.
“Los médicos no revelan el virus específico que causa la infección, y el término COVID-19 rara vez se menciona. Parece que el virus del COVID-19 se ha convertido en un problema persistente. Después de más de tres años de pandemia, la gente ya no es ingenua; comprendemos la situación”, afirma Liu. Fuente:
PCCh exige destruir datos de COVID en todo el país: fuente
Tras las extremas medidas de contención aplicadas durante el brote de COVID-19, Beijing ha optado por permanecer indiferente ante la intensa pandemia. Recientes revelaciones de una fuente con conocimiento del ...
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